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10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)
10.1. La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio reformista (1931-1933).
La
proclamación de la República el día 14 de abril de 1931 supone el intento de
instaurar en España un sistema plenamente democrático (voto de las
mujeres) por primera vez. Este hecho constituyó el cambio del poder político que pasaba
por primera vez a ser detentado por los grupos sociales que no habían sido la
columna vertebral de la Restauración, ante
la hostilidad de estos grupos de la oligarquía y el caciquismo (definidos así por Joaquín Costa).
La
situación internacional era desfavorable económicamente. Europa vivía las
repercusiones de la crisis del crack del 29 y la siguiente gran depresión que
afectó gravemente a las clases trabajadoras. Fue una etapa de ascenso de los totalitarismos que
acabaron con sistemas democráticos (fascismos). El auge del nazismo se plasmará con la toma del
poder político alemán en los años treinta, su afán expansionista violento influirá en la vida política europea y española, constituirán una
alianza con los otros dos totalitarismos expansionistas violentos: el imperialismo
invasor japonés y el fascismo italiano.
Gobierno Provisional
En la noche
del 14 de abril de 1931 Niceto Alcalá Zamora proclamaba en Madrid la República
en medio del regocijo popular tras la victoria en las elecciones municipales
del 12 de abril, estas elecciones se habían convertido en un plebiscito república/monarquía,
las candidaturas republicanas habían vencido en las grandes ciudades y zonas
mineras, en las zonas rurales la fuerza del persistente caciquismo y el mayor
conservadurismo dieron la victoria a los monárquicos.
Se constituyó
un
gobierno provisional, con la presidencia de Niceto Alcalá Zamora. Formaban
parte de él los integrantes del “Comité Revolucionario” del Pacto de San
Sebastián, estaban los republicanos de distintas opciones: Alcalá Zamora y
Miguel Maura, de la Derecha Republicana; Alejandro Lerroux y Diego Martínez
Barrio, del Partido Radical; de partidos republicanos reformistas destacan
Manuel Azaña (de Acción Republicana) y Marcelino Domingo (del Partido
Republicano Radical-Socialista); por el Partido Socialista (PSOE) figuraban
Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero;
representando a partidos nacionalistas del republicanismo catalán (Luis Nicolau
de d’Olwer) y al galleguismo republicano (Santiago Casares Quiroga). La mayoría
de ellos pertenecían a una burguesía media reformista que deseaba la modernización
necesaria de nuestro país, la pluralidad ideológica y de planteamientos políticos no
impidió su coordinación en la práctica política.
Las primeras decisiones de gobierno:
reformas.
El gobierno
provisional convocó para el mes de junio elecciones a Cortes Constituyentes. Desde el primer momento llevaron a cabo una intensa e
inmediata labor legislativa publicando los decretos necesarios con el objetivo
de garantizar tanto los salarios como el trabajo para los trabajadores. Desde el
ministerio de trabajo de Largo Caballero se decretaron leyes
básicas a favor de los trabajadores y sobre el trabajo. Se promulgaron leyes sobre el Ejército; en la educación se tuvo una especial atención en acabar con el desfase
respecto al nivel de los países europeos desarrollados. Tuvo que solucionar el
problema que suponía para el estado que
el mismo 14 de abril, Francesc Maciá,
líder de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó desde el balcón de la
Diputación “la república catalana como Estado integrante de la Federación
Ibérica”. La crisis se resolvió inmediatamente restaurando la Generalitat, como
gobierno autónomo bajo la presidencia de Maciá, y el inicio de la redacción del
Estatuto de Autonomía sometido a
referéndum en Cataluña el 2 de agosto de 1931. Para su entrada en vigor debía aprobarse por
las Cortes de la República.
Las reformas sociales; en el campo vivían millones de
jornaleros en condiciones penosas. Los decretos legislativos fueron impulsados por el ministerio
de Trabajo de Largo Caballero, el decreto de términos municipales establecía la
obligatoriedad para los propietarios agrícolas de dar trabajo preferentemente a
los braceros domiciliados en el término municipal; por el decreto de laboreo
forzoso, se obligaba a los propietarios a tener cultivadas las tierras y, por
otro, se extendió al campo la jornada de ocho horas.
Los decretos sobre el ejército del ministerio de Guerra con Manuel Azaña de ministro, produjeron
malestar en un sector del Ejército. Un primer decreto daba la posibilidad de
abandono del ejército a los militares que no juraran fidelidad al sistema democrático republicano; además se
ofrecía el pase a la reserva, con el sueldo íntegro, a todos los generales,
jefes y oficiales que así lo solicitasen. Dentro del objetivo general de la
necesaria modernización de una
institución en la que sobraban jefes en función del número de soldados de tropa,
adecuando su organización y planes a las exigencias de defensa de un país
democrático.
Los
decretos de Educación (Instrucción Pública) con el ministro Marcelino Domingo, el principal objetivo del plan era la extensión de la educación a todos los españoles, para lo que se planeó construcción de muchas nuevas escuelas y de escuelas Normales para tener los
maestros necesarios para esas escuelas.
A nivel cultural resalta el Patronato de Misiones Pedagógicas para la difusión de la cultura en los medios rurales: teatro, cine, exposiciones, bibliotecas. Se suprimía la enseñanza religiosa en las
escuelas con el objetivo de conseguir una enseñanza verdaderamente laica y
separar el estado de la iglesia, el descontento de la Iglesia (desde el primer momento se mostró en contra de la República) fue grande.
Las
relaciones con la Iglesia fueron muy complicadas. El cardenal Pedro Segura,
arzobispo de Toledo y Primado de España intervino en la vida política de manera
beligerante y terminó siendo expulsado de España después de publicar una pastoral el 1 de mayo en defensa
de la monarquía de Alfonso XIII. En Madrid una asamblea de monárquicos contra la
república convocada el 10 de mayo terminó en un enfrentamiento en las calles contra
grupos populares defensores de la república. Al día siguiente en Madrid volvía el anticlericalismo: grupos de
incontrolados se dedicaban a incendiar edificios religiosos. El día 12 se extendía a otras poblaciones, como Málaga, Sevilla,
Cádiz y Alicante. Existen dudas sobre la autoría de estos incendios, nadie reivindicó estos
hechos; fueron muy negativos para la República ante la opinión católica del
país.
En cuanto
al movimiento obrero, los conflictos sociales existentes desde siglos salieron a la luz. Con la proclamación de la
República los obreros partidarios de la revolución pensaron que era el momento de mejorar inmediatamente sus condiciones de vida. El sindicato
anarcosindicalista CNT utilizó la huelga como instrumento de lucha, dándose
serios enfrentamientos con las fuerzas
del orden público. En el campo se
planteaba la lucha de clases entre un campesinado que esperaba el “reparto de la tierra” y unos propietarios
dispuestos a mantener sus propiedades sin que nadie las tocara. Los grandes propietarios
estaban en contra de cualquier modificación, fueron beligerantes contra la
legislación reformista de la República. El gobierno se había planteado el estudio
y aprobación de un proyecto de Reforma Agraria que se llevó adelante por el gobierno del bienio reformista de
1931-33.
El gobierno
provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes el 28 de junio, obteniendo un fuerte respaldo las
candidaturas republicanas. La conjunción de republicanos y socialistas que
constituían el gobierno provisional obtuvo el 80% de la Cámara, siendo el partido más votado, el Socialista, con 116 diputados, le seguía el Republicano
Radical, con 90. Los partidos de la derecha más conservadora, quedaron
reducidos a grupos minoritarios con poca representación parlamentaria.
La
redacción de la Constitución fue la principal tarea de estas cortes, tuvieron en cuenta las constituciones democráticas
europeas, incorporaron en su articulado aspectos de los textos constitucionales
más reformistas. No contó con el apoyo de los diputados de la derecha en
desacuerdo con artículos que hacían referencia al estado laico y otros de carácter social.
La
Constitución de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, tenía 125
artículos. Comienza con la definición de España como una “República democrática
de trabadores de toda clase”, en un momento de crisis internacional mostraba su
clara voluntad de prestar atención al trabajo como base de la organización
social, afirmando claramente la soberanía popular.
Recogía una
amplia declaración de derechos y
libertades individuales y colectivos: expresión, imprenta, manifestación,
asociación, religiosa; reconoció el derecho
de voto a las mujeres (hubo un intenso debate a favor y en contra), sufragio universal pleno para los
mayores de 23 años; reconoció el
matrimonio civil; legalizó el divorcio; igualdad legal de hijos legítimos e
ilegítimos (protección del menor); el derecho a la educación de todos los españoles; incorporó el derecho de expropiación forzosa
por (necesidad) causa de utilidad social.
División de
poderes.
El poder legislativo lo detentaba las Cortes (Congreso
de los diputados), constituidas por una sola cámara. Renovadas cada cuatro años, se convertía en la principal institución de la vida política,
El poder ejecutivo; la jefatura del estado recaía en el presidente
de la República, su mandato duraba seis años, era elegido por los diputados,
la cámara controlaba su labor. El presidente nombraba
al jefe de gobierno, y éste a sus ministros, debía contar con la aprobación de
las Cortes ante las que respondía individualmente.
El poder judicial, la función de administrar justicia recaía en
los jueces y tribunales, con total independencia de los otros poderes. Se
creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales para velar por la constitucionalidad
de las leyes.
Se reconocía la posibilidad de constituir una región autónoma con un Estatuto de Autonomía, se recogían las
competencias que el estado podía transferir a las regiones, no podrían formar
una federación de regiones, esta propuesta dio lugar a un debate duro en la Cámara, al igual
que el relativo a los artículos 26 y 27
de la Constitución, destinados a la “cuestión religiosa”, se establecía la no confesionalidad del estado
y por tanto la separación del Estado y
la Iglesia, característica de un estado laico; la libertad religiosa para todos los cultos; el
fin de la financiación estatal de la Iglesia (el culto y el clero); disolvía la
( si mantenía “obediencia distinta de la legítima del estado”) Compañía de
Jesús y prohibía a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza, el
comercio y la industria. La aprobación de estos artículos provocó la dimisión del
presidente del gobierno Alcalá Zamora y el ministro de la Gobernación Miguel
Maura. Manuel Azaña tuvo una intervención decisiva que puso fin al debate sobre
la “cuestión religiosa”.
Fue
propuesto como nuevo presidente de gobierno, tomó posesión a mediados de
octubre. Su tarea inmediata fue concluir los trabajos constitucionales.
Las Cortes
aprobaron la Constitución el 9 de diciembre de 1931 con todos los votos a
favor, y ninguno en contra al no estar en ese momento en la Cámara los
representantes de los partidos de derecha.
El gobierno del bienio reformista 1931-33.
Con la
Constitución aprobada, al día siguiente las Cortes eligieron al primer presidente de la II República
(Jefe de Estado): Niceto Alcalá Zamora.
La jefatura del gobierno de Manuel Azaña llevó a la formación del primer gobierno
con la Constitución, con la misma base política que integró el gobierno provisional. Lerroux jefe del
Partido Radical pasó a la oposición al
negarse a entrar en un gobierno donde continuaran los socialistas mostrando de
esta manera su oposición al programa reformista. Azaña contó con los socialistas y a mediados de
diciembre formaba gobierno. Su objetivo era continuar el programa de reformas iniciadas por el gobierno provisional.
Francisco Largo Caballero
Las reformas sociales promovidas por el
ministerio de trabajo de Largo Caballero siguieron adelante con la Ley de contratos
de trabajo que organizaba la negociación colectiva (patronos-trabajadores) y la
ley de jurados mixtos con decisiones vinculantes en su mediación, se estableció
la inspección de trabajo. esta legislación se convirtió en el objetivo a derribar para los
patronos.
La reforma educativa siguió adelante con
el plan de construcción y entre 1932-33 se levantaron 6.570 escuelas y 7.000
nuevos maestros se incorporaron al sistema educativo, hubo una mejora de sus salarios. La escuela era única,
pública, gratuita y obligatoria con enseñanza mixta. La iglesia se mostró en contra de este plan que la separaba del negocio educativo y del
control ideológico religioso, se convirtió en un oponente constante del
gobierno.
La reforma militar ya iniciada por Azaña
con el objetivo de modernizar la organización, la enseñanza y la dotación
militar continuó. Se quitaron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, la academia de Zaragoza por obsoleta y se derogó la ley de
jurisdicciones.
La reforma agraria planificada ante la grave situación
de un gran número de campesinos se inició con el gobierno provisional para acabar
con el grave atraso histórico y el hambre en el campo. En medio de fuertes presiones
de los campesinos andaluces y extremeños (zonas latifundistas) organizadas por
la CNT y el PCE que querían ya la reforma, la derecha patronal de la Agrupación de Propietarios
Agrícolas mostró su radical oposición. La ley de Bases para la Reforma Agraria IX-1932 afectaba a
Salamanca, Extremadura, Andalucía y La Mancha, declaraba la expropiación de las
tierras incultas o mal cultivadas y parte de las arrendadas, además de las de
origen jurisdiccional. Para llevarlo a cabo se creó el IRA (Instituto de
Reforma Agraria) con poco presupuesto, se quedó en muy poco para los campesinos
y con el rechazo de la patronal y la derecha. La lentitud y escasos campesinos
asentados produjo un gran descontento
social en el campo.
La oposición y la conflictividad
social.
El gobierno
tuvo desde el principio una fuerte oposición, tanto desde la derecha como desde
la izquierda. En la derecha la oposición estuvo encabezada por el Partido
Radical de Lerroux; en la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE que se enfrentaban al gobierno, tachándolo de
“reformista y burgués” y alejado de la línea social revolucionaria que
defendían. La UGT apoyaba al gobierno, al igual que su organización campesina,
la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), aunque con
tensiones dentro. La presencia de socialistas en el gobierno y el respaldo de
la UGT constituían un gran apoyo entre amplios sectores populares. Los conflictos sociales fueron
continuos. El gobierno Azaña actuó reprimiendo la fuerte conflictividad
social, hubo enfrentamientos de los obreros y los campesinos ante las
fuerzas del orden público (Guardia Civil y Guardia de Asalto). El 31 de
diciembre de 1931 tuvo lugar un episodio
sangriento en Castilblanco (Badajoz), el 6 de enero de 1932 otro en Arnedo (La
Rioja) donde los enfrentamientos con la Guardia Civil finalizaron en un reguero
de sangre. Días después, el 21 de enero de 1932 se producía, bajo la dirección de la CNT y la
FAI, el primer intento revolucionario protagonizado por los mineros del Alto Llobregat, para proclamar el comunismo libertario en varias de sus poblaciones
(Berga, Figols, Sallent y Suria). El balance fue sangriento: una decena de
muertos y la orden de deportación a Guinea de 104 anarquistas.
La lentitud con la reforma agraria,
la autonomía de Cataluña y el intento de golpe de Estado.
Dos
proyectos de Ley tenían un valor importante para medir el desarrollo de las
reformas: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La reforma
agraria, que venía apareciendo como necesaria en los planes de gobierno desde
el siglo XVIII, creó grandes expectativas entre los jornaleros del campo, el
gobierno de la República no podía fallarles. La solución del problema de la tierra era complicado. En la
estructura de la propiedad predominaban los valores extremos (latifundios y
minifundios) y los grandes propietarios ya no eran la Iglesia y los municipios,
sino la nobleza y los propietarios burgueses que no estaban dispuestos a perder
sus tierras, aunque se les indemnizara.
Sobre el
Estatuto de Cataluña, la República tenía otro compromiso y la Constitución
establecía la vía para su logro. El regionalismo/nacionalismo catalán había sido uno de los problemas políticos desde
comienzos del siglo XX, necesitaba una solución política. Las dificultades para el gobierno republicano venían de la oposición de fuerzas de
derecha, la reticencia de algunos socialistas y la desaprobación de
intelectuales de relieve, como Unamuno y Ortega y Gasset.
Todo cambió
a raíz del fracaso del golpe de Estado
encabezado por el general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 (financiado por grandes
propietarios opuestos a la reforma agraria). Manuel Azaña y su gobierno
salieron fortalecidos, los diputados apoyaron el sistema democrático republicano. El 9 de septiembre se aprobaban
la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía Cataluña. El Estatuto
proclamaba a Cataluña “región autónoma dentro del Estado español”. El 20 de
noviembre de 1932 se celebraron las primeras elecciones a la Generalitat y
dieron su triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya. Francesc Maciá se convirtió en el primer
presidente autónomo de Cataluña. En el País Vasco los nacionalistas del PNV seguían tramitando
su Estatuto de Autonomía que para su definitiva aprobación entró en las Cortes
a finales de 1933 cuando terminaba el gobierno del bienio. Fue aprobado con el gobierno del Frente Popular el 1 de octubre de 1936 al comienzo la guerra. Anteriormente
hemos señalado que con la Ley de Reforma Agraria se pretendía dar la tierra al que la trabajada y no la tenía
mediante el asentamiento de campesinos. Afectaba a Andalucía, Extremadura,
Albacete, Ciudad Real, Toledo y Salamanca, zonas de latifundio, serían objeto de expropiación
indemnizándose a sus propietarios, salvo los de la nobleza que poseían tierra
de los antiguos señoríos jurisdiccionales, sus propiedades serían expropiadas
sin indemnización. Recordemos que para la aplicación de la Ley se creó el
Instituto de Reforma Agraria (IRA) con un bajo presupuesto, a todas luces, de 50 millones de
pesetas insuficientes para lo que se pretendía. El proceso de reforma era complejo. Había que
inventariar las propiedades, el IRA las confiscaba y las pasaba a las Juntas
Provinciales y éstas a los asentamientos
de campesinos, ante habían decidido sobre el tipo de explotación, individual o
colectiva. Su aplicación fue muy lenta, desesperando a los jornaleros. Los
propietarios estaban bien organizados en las patronales agrarias y desde el primer momento dispuestos a defender sus intereses económicos por
todos los medios a su alcance.
Los sucesos de Casas Viejas.
A comienzos
de 1933 la CNT y la FAI volvían a
movilizarse en Andalucía; hubo levantamientos insurreccionales en varios pueblos. En Casas Viejas (Cádiz)
los sucesos ocurridos fueron muy graves (11 y 12 de enero de 1933). La brutal y
sangrienta represión de la Guardia Civil
y de la Guardia de Asalto contra los
supuestos cabecillas de la insurrección se saldó con una refriega con ocho
muertos; después fueron asesinados otros doce campesinos y entre los guardias hubo tres muertos. La
masacre de Casas Viejas desacreditó al gobierno Azaña y contribuyó a su final. En
el PSOE empezó a imponerse la idea de dejar el gobierno mostrando su desacuerdo con la brutal represión. La oposición radical de
anarquistas y comunistas, y la derecha, responsabilizó a Azaña de los hechos.
La
oposición al gobierno y el fin del bienio reformista.
La campaña de oposición de la derecha se recrudeció al aprobarse la Ley de Congregaciones
Religiosas (mayo de 1933), por la que se ponía fin a los colegios religiosos.
Durante el
verano de 1933 surgen diferencias internas en el PSOE sobre la colaboración con
el gobierno. Se impuso la idea de abandonar el gobierno de Azaña. El PSOE
comenzó a radicalizarse siguiendo la posición
defendida por Largo Caballero. Los excesos del gobierno en la represión de
Arnedo, Alto Llobregat y Casas Viejas eran los argumentos de los anarquistas
para ir contra el gobierno y los socialistas.
La derecha llevó
a cabo una profunda reorganización. Contribuyó a ello la posición del gobierno respecto a la Iglesia que generó un gran malestar entre los católicos aunque muchos de ellos eran republicanos. La política
laica del gobierno de la República contribuyó a la movilización de las
organizaciones católicas.
Primero, a
través de la muy conservadora Acción Popular origen de la Confederación Española
de Derechas Autónomas (CEDA), que fue creada
en febrero de 1933 por José María Gil Robles (abogado de los latifundistas salmantinos). Su programa político incluía
la modificación de la Constitución con una revisión de su legislación laica y reformista.
José María Gil Robles logró movilizar a
las masas conservadoras católicas del país en defensa de la religión, la
familia, el orden y la propiedad se mostraba ambiguo en la defensa pública de
la forma de gobierno (Monarquía o República), aunque estaba claro su finalidad
política: la “defensa de la religión y
el orden social”. Será el gran partido de masas de la derecha conservadora.
En la
derecha más extrema se formaron grupos que radicalmente estaban contra la república.
Renovación Española, partido de la derecha monárquica dirigido por José Calvo
Sotelo (antiguo ministro de la dictadura de Primo de Rivera); los carlistas
organizados en la Comunión Tradicionalista Española se habían convertido en un
movimiento de la ultraderecha autoritaria; y en octubre de 1933 José Antonio
Primo de Rivera (hijo del dictador fallecido) fundó Falange Española variante española del
fascismo. Había otros pequeños grupos fascistas como los de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Todos estos pequeños grupos tenían escasa influencia social.
La crisis
definitiva del gobierno Azaña se acercaba a su conclusión en septiembre de 1933 como consecuencia de los desacuerdos entre los partidos que le apoyaban: republicanos y PSOE. Ante las dificultades de
formar un nuevo gobierno, el presidente de la república Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó
elecciones para el 19 de noviembre (de 1933).
Enlaces interesantes
Kairós. La II república
Dossier de Hispania Nova: la II república
Dossier de la revista Ayer: la política en la II república
TEXTOS
La proclamación
de la república.
A las tres de la tarde del día 14 se izó
en Madrid la primera bandera republicana, que tremoló sobre el Palacio de
Comunicaciones. Esta bandera produjo un movimiento general de curiosidad que se
convirtió en un estallido de entusiasmo al conocerse que representaba realmente
lo que simbolizaba, o sea, la toma del poder por parte del Gobierno
provisional.
En cuanto esto se hizo público, Madrid
corrió a destruir y a esconder los símbolos monárquicos. Los comerciantes
proveedores de la Real Casa, las tiendas con el escudo real, las fondas,
teatros y restaurantes con algún nombre relacionado con la monarquía, hicieron
desaparecer rápidamente los nombres comprometedores y dinásticos. Las estatuas
que el pueblo consiguió derribar cayeron de forma implacable. Un busto de
bronce de Primo de Rivera fue colgado en el balcón de Gobernación.
Las banderas republicanas se hicieron más
y más espesas. […] El pueblo de Madrid, que suele poseer una finura crítica
indudable, aderezó el espectáculo con su causticidad proverbial. El Rey y la Reina
no fueron tratados por la masa con cumplidos, pero tampoco con una crueldad
exagerada.
J. PLA, «El 14 de abril en Madrid»,
Artículo publicado
en La Veu de Catalunya, 1993
Objetivos
de la reforma agraria.
Todos los proyectos persiguen en primer
término la resolución del paro obrero. […] ¿Cómo lo intenta este proyecto? Con
asentamientos. […]
La segunda finalidad es la redistribución
de la tierra. Ha de redistribuirse de nuevo para que cumpla la función que
ahora no realiza; la expropiación de la tierra ha de hacerse por razón de su
origen y por razón de su empleo. Así pues, la redistribución de la tierra se
hará a base de las tierras de señorío y de los bienes comunales.
Si el proyecto tiene una tendencia, podría
ser ésta: la de intervenir el Estado en todos los órdenes de la economía agraria
para disciplinarla en todos sus aspectos y para racionalizar la producción. El
cuidar que la tierra cumpla la función social que le corresponde. Ya sabemos
que este problema, como el religioso, tenía que levantar tempestades sobre los
hombres que lo impulsaran. Este es el sino de los hombres que asisten a los
inicios de un cambio de régimen.
Discurso de Marcelino Domingo sobre la
reforma agraria en las Cortes, 15 de junio de 1932
El programa
de la CEDA.
Electores
de Madrid: Los candidatos designados por las organizaciones políticas y fuerzas
sociales representadas en la coalición antimarxista utilizan un derecho y, a la
vez, cumplen un deber al dirigirse al cuerpo electoral para solicitar de él su
voto y apoyo. […]
Los
candidatos de la coalición antimarxista defenderán resueltamente y a todo
trance la necesidad de una inmediata derogación por la vía que en cada caso
proceda, de los preceptos tanto constitucionales como legales, inspirados en
designios laicos y socializantes, en realidad encaminados a destruir así el
inmenso patrimonio moral como la ya exhausta riqueza material de la sociedad
española; trabajarán sin descanso para lograr la cancelación de todas las
disposiciones confiscadoras de la propiedad y persecutorias de las personas, de
las Asociaciones y de las creencias religiosas. Y finalmente solicitarán, como
prenda de paz, la concesión de una amplia y generosa amnistía.
Publicado en ABC,
octubre de 1933
DISCURSO DE MANUEL AZAÑA SOBRE EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN
«( … ) Me refiero a esto que llaman
problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo
de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase
nueva e histórica el pueblo español.
Yo no puedo admitir, Sres. Diputados, que a esto se le llame problema
religioso. El auténtico problema
religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es
en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el
misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución
del Estado (…), porque nuestro Estado, (…) excluye toda preocupación
ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso
brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata
simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que
acabo de establecer.
Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo
se hizo dentro del Cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo
antiguo y lo adaptó con más o menos fidelidad y congruencia a la fe cristiana;
pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de
Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior
de la civilización se hace en contra suya (…)
España era católica en el siglo XVJ, a pesar de que aquí había muchos
y muy importantes disidentes, algunos de los cuales son gloria y esplendor de
la literatura castellana, y España ha dejado de ser católica, a pesar de que
existan ahora muchos millones de españoles católicos, creyentes».
Manuel Azaña. Ministro de la Guerra. Sesión de Cortes. 13 de
octubre de 1931.
Este capítulo 4 nos adentra en la II República.
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